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 Incidentes como la interferencia rusa en las elecciones de Francia (2017), el escándalo de Cambridge Analytica (2018)  o el avance de la inteligencia artificial han catalizado avances en la regulación sobre desinformación, especialmente en la Unión Europea

La visión de los efectos nocivos de la desinformación sobre la ciudadanía ha ido evolucionando en los últimos años. En la década de 2010, tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideraron que regular la desinformación podría poner en riesgo derechos individuales. No obstante, incidentes como la interferencia rusa en las elecciones de Francia (2017), el escándalo de Cambridge Analytica (2018)  o el avance de la inteligencia artificial han catalizado avances en la regulación, especialmente con la entrada en vigor del Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA), que desde agosto de 2023 carga a las plataformas digitales con la responsabilidad de mitigar riesgos relacionados con la desinformación, la manipulación algorítmica y las cuentas falsas, y las obliga a una mayor transparencia y protección de los datos de los usuarios, especialmente a las que denomina  “plataformas en línea de muy gran tamaño”. 

Sus efectos todavía están por ver, pero hasta ahora, la Comisión Europea ha abierto ya tres expedientes a TikTok, dos a Instagram y Facebook y uno a AliExpress, Temu y X (anteriormente conocida como Twitter). La red de Elon Musk ha sido la única contra la que, por el momento, se ha abierto un procedimiento de infracción por no combatir el contenido ilegal y la desinformación e incitar a los usuarios a suscribirse a su versión de pago a través de la verificación azul. Bruselas estimó también en su decisión de diciembre de 2023 que X incumple los requisitos de transparencia que exige la DSA y que no está adoptando medidas efectivas para mitigar “riesgos” en los procesos electorales. Si el procedimiento abierto por la Comisión termina en una decisión de incumplimiento, la red social podría exponerse a sanciones, aunque no podrán superar el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía. 

Según una investigación elaborada por la plataforma de verificación brasileña Lupa, hasta octubre de 2023 la gran mayoría de países que tienen legislación específica para combatir la desinformación se encuentran en Europa, ya que la DSA es de obligada aplicación en todos los países de la UE. De estos, solo Alemania y Francia tienen, además, leyes nacionales centradas específicamente en la información falsa. Otros países europeos como Rumania, Polonia, Letonia, Italia, Portugal y Grecia poseen leyes no específicas en las que también se recoge el combate contra la desinformación, mayoritariamente en la que se usa como arma de injerencia extranjera.

Fuera de Europa, son escasos los países con legislación específica: Turquía, India, Pakistán, Indonesia, Mauritania, Etiopía y Kazajistán. De entre ellos, ha sido especialmente polémica la ley aprobada por el gobierno turco, que prevé penas de hasta tres años de cárcel contra quienes difundan información considerada falsa por las autoridades. La ley no especifica a que se refiere con “información falsa”, lo que, según asociaciones de prensa, partidos de la oposición e instituciones internacionales da pie a arbitrariedades. 

Alemania fue la pionera aprobando en 2017 una ampliación de la Ley NetzDG para abordar las noticias falsas a raíz de su proliferación y efectos durante las elecciones estadounidenses de 2016. La ley obliga a las plataformas digitales a disponer de un procedimiento para poder denunciar contenido supuestamente falso. Este contenido sospechoso debe de entrar en un proceso de revisión que, en un plazo máximo de 24 horas, debe concluir si es ilegal según los preceptos de un protocolo establecido por la ley y, por tanto, debe o no debe ser retirado. El reglamento ha sido criticado por asociaciones de prensa y grupos de derechos humanos por considerar que incentiva la censura y que convierte a las plataformas digitales en árbitros de la libertad de expresión.

Francia implementó en 2018 una norma que permite detener la difusión de información falsa que pueda influir en procesos electorales tras los ataques de bots rusos contra la campaña de Emmanuel Macron en las presidenciales de 2017. La Loi contre la manipulation de l’information otorga a un juez 48 horas para pronunciarse sobre cuestiones planteadas por cualquier particular para detener la difusión de información falsa en redes sociales cuando haya indicios de que pueda alterar la autenticidad de un proceso electoral. La ley también permitiría el cierre de canales de televisión “controlados por un Estado extranjero o bajo la influencia” de este si se pudiera probar que difunde  “deliberadamente” información falsa que pueda afectar a las elecciones. Colectivos de periodistas también han criticado esta legislación como “peligrosa”.

Aunque no se trate de una ley sino de un compromiso voluntario, en 2018 Facebook, Google, Twitter y Mozilla, así como por anunciantes y otros agentes del sector de la publicidad firmaron el Código de Buenas Prácticas sobre la Desinformación. Microsoft se adhirió en mayo de 2019, mientras que TikTok firmó el Código en junio de 2020. Fue el primer marco de autorregulación en la UE para que las plataformas digitales combatieran la desinformación. Dichas plataformas se comprometían a reducir ingresos publicitarios a sitios desinformadores y mejorar la transparencia. Sin embargo, su aplicación fue insuficiente, lo que llevó a la creación del Código Reforzado (2022), que añadió compromisos más ambiciosos. El nuevo código fue firmado por 34 de las principales plataformas digitales (Meta, Microsoft, Google, Tiktok, Twitch…), con la ausencia notable de X (antiguo Twitter) y Telegram. Los firmantes se comprometieron ante la Comisión Europea a tomar medidas como desmonetizar la difusión de desinformación, garantizar la transparencia de la publicidad política, empoderar a los usuarios, mejorar la cooperación con los verificadores y mejorar el acceso a los datos. 

No obstante, este código se encuentra en horas bajas ya que dos de los gigantes de internet han dado marcha atrás en sus antiguos compromisos contra las noticias falsas. La red social X, anteriormente conocida como Twitter, abandonó el código en 2023, meses después de ser adquirida por el magnate Elon Musk. Por su parte, el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el pasado a principios de enero de 2025 que eliminaría a los verificadores de información independientes de Facebook e Instagram por considerar que eran  «demasiado tendenciosos políticamente». El trabajo de verificación será substituido por un sistema de notas de la comunidad similar al que implantó Musk en X, en el que los usuarios pueden escribir y calificar notas que aclaren, corrijan o aporten información adicional sobre un tuit y se muestran al público como un añadido si pasan un sistema de votación. 

Por otra parte, en junio de 2024 la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), que representa a más de 50 organizaciones independientes de verificación en Europa, publicó un informe sobre el cumplimiento del código en el que denunciaba que la mayoría de estas plataformas no han implementado eficazmente las medidas a las que se comprometieron en relación a sus compromisos con los fact-checkers y algunas, incluso, manipulan sus informes para aparentar cumplimiento.

Existen precedentes sobre las consecuencias legales que puede tener difundir desinformación por internet. Uno de los más recientes ha sido la decisión tomada el pasado mes de diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional de Rumanía de anular la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras la desclasificación de documentos que revelaban injerencia extranjera, específicamente «ataques híbridos rusos agresivos» dirigidos a influir en el proceso electoral. Según informes de la inteligencia rumana, una red de 25.000 cuentas en TikTok y grupos de Telegram, coordinados desde 2022 y financiados con un millón de euros de origen externo, amplificaron la presencia del ganador, el ultraderechista y prorruso Calin Georgescu. Además, según el tribunal, se registraron 85.000 ciberataques atribuidos a Rusia.

Otro caso emblemático es el de los padres de las víctimas del tiroteo en la escuela elemental de Sandy Hook -ocurrido en Estados Unidos en 2012 y en el que murieron 20 niños y 8 adultos- contra el agitador de ultraderecha Alex Jones. La web InfoWars, propiedad de Jones, difundió durante años el bulo de que la matanza había sido una invención creada con la finalidad de confiscar las armas a los estadounidenses. En octubre de 2022, un tribunal de Connecticut condenó al agitador a pagar 965 millones de dólares a los familiares en compensación por el daño que aquella mentira había provocado a los familiares. En noviembre de 2024, el periódico satírico The Onion, con el apoyo de las familias, compró Infowars tras declararse en quiebra y anunció que la convertiría “en una parodia de sí misma”.

En 2021, decenas de miles de rohingyas, una minoría étnica musulmana, huidos de Birmania y refugiados en Bangladesh, demandaron a Facebook por considerar que su algoritmo favoreció la expansión de los mensajes de odio que contribuyeron a la persecución y asesinato de miles de personas en el 2017 y al desplazamiento forzado de más de 700.000 personas de esta étnia que a día de hoy siguen viviendo en campos de refugiados. Los demandantes exigen una compensación económica millonaria a la empresa por considerar que, pese a que esta sabía que su algoritmo estaba contribuyendo a expandir discursos extremistas, no hizo nada por impedirlo.